5 de septiembre de 2019
El pasado 7 de junio de 2018, las empresas aquí firmantes realizamos una declaración conjunta, en la que también participó el Cerrejón, la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, CREER, la Fundación Ideas para la Paz y la Gobernación del Cesar, en la cual manifestamos nuestro reiterado rechazo a las amenazas en contra de la vida e integridad de personas en nuestras zonas de operación y reprochamos todo acto que pretenda menoscabar el derecho a la participación y la expresión.
Hemos continuado trabajando en el desarrollo e implementación de estrategias de colaboración conjunta para la protección de la vida e integridad personal en riesgo por amenazas, lo cual ha tenido como base el diálogo informado y respetuoso, motivo por el cual recibimos con repudio los numerosos casos de amenaza y estigmatización ocurridos en los últimos meses.
Lamentablemente, en días pasados tuvimos conocimiento de un nuevo panfleto con fecha 1 de septiembre, dirigido contra autoridades y líderes sociales del municipio de Becerril. Creemos que el trabajo llevado a cabo por estas personas es fundamental en el marco del ejercicio democrático, y manifestamos nuestro rechazo a quienes consideran que dicho ejercicio es cuestionado por parte de las Empresas aquí firmantes.
Como hemos manifestado en ocasiones anteriores, creemos que la paz y la actividad empresarial se fundamentan en la construcción de relaciones de respeto mutuo, en el diálogo y en la búsqueda colectiva de la mejora y transformación de las condiciones sociales y económicas. Por lo tanto, cualquier acción violenta contra trabajadores, autoridades, comunidades y líderes sociales es un atentado a la convivencia de todos.
Reconocemos la importante labor que ejercen los líderes sociales en Colombia en la construcción de paz. Más allá de la diferencia en las ideas y posiciones frente a temas de interés conjunto consideramos esencial el ejercicio de la libertad de asociación, expresión y participación ciudadana, como un vehículo esencial para la convivencia. Por ello, consideramos cualquier violencia ejercida en nuestras zonas de operación, como violencia contra las empresas.
Solicitamos a las autoridades competentes que investiguen a fondo los panfletos de amenaza y, si es procedente, judicialicen a quienes intimidan y afectan la participación y la convivencia.
Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando desde las empresas del sector carbón, aunando esfuerzos con el Estado y la Sociedad Civil para la convivencia pacífica y la promoción del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.