4 de julio de 2015
Señor Director:
La columna de Salud Hernández del pasado domingo 28 de junio, publicada en el periódico que usted dirige, realiza acusaciones de presuntos vínculos de funcionarios de esta compañía con paramilitares que, además de carecer de toda veracidad, violan el derecho constitucional al buen nombre de Drummond Ltd. y de sus funcionarios. Drummond no está de acuerdo con estas acusaciones y afirma que:
La gran tradición y criterios periodísticos de El Tiempo han estado siempre enmarcados en principios de objetividad y confrontación de la información, que se echan de menos en las graves acusaciones que realiza la columnista Hernández.
La columnista Salud Hernández se limita a sacar conclusiones amañadas, basadas únicamente en declaraciones de personas condenadas y encarceladas y que supuestamente incriminan a Drummond Ltd., y sus empleados, sin haber confrontado su información con la empresa, con sus empleados o con los expedientes de la Fiscalía o de los procesos en Estados Unidos, en donde se encuentra una gran cantidad de material probatorio que ha llevado a estas autoridades a tomar decisiones a favor de Drummond.
Así, en los Estados Unidos, (i) La Corte Distrital –Distrito Norte de Alabama– absolvió el 30 de julio de 2007 de cualquier responsabilidad por la muerte de líderes sindicales a la empresa y ejecutivos. Dicha decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos el 22 de diciembre del 2008.
(ii) En el mismo sentido, en un segundo caso, se pronunció la Corte Distrital en los Estados Unidos mediante decisión del 12 de septiembre del 2012, decisión que fue confirmada por el Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones el 23 de septiembre del 2014. (iii) Así mismo, en un tercer caso, la Corte Distrital se pronunció el 25 de julio del 2013, decisión también confirmada por la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito mediante fallo del 25 de marzo de 2015, en donde afirmó que no había ninguna evidencia de que Drummond Company Inc., Drummond Ltd. o sus ejecutivos hubieran estado involucrados en pagos al grupo paramilitar de las Auc; que el registro de pruebas “demostró una ausencia de evidencia que respalde el caso de los demandantes” en contra de los ejecutivos.
Específicamente, que no había evidencia alguna de que cualquiera de los ejecutivos “tuviera conocimiento de un supuesto esquema corporativo para financiar o de otra forma apoyar las Auc; mucho menos, que hayan jugado algún rol en dicho esquema o tuvieran control sobre aquellos que supuestamente si jugaban un rol”.
Y en Colombia la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Antiterrorismo investigó el caso y no encontró vínculo alguno entre las empresas y sus directivos con grupos al margen de la ley. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación dictó auto inhibitorio, absteniéndose de abrir investigación y declarando que las imputaciones de concierto para delinquir no habían existido. Drummond ahora está presentando ante la Fiscalía 118 especializada ese material probatorio para que, de nuevo, esta otra unidad de la Fiscalía conozca la realidad.
Los supuestos testigos, como por ejemplo Jairo de Jesús Charris, en los que basa sus afirmaciones la columnista Salud Hernández, son personas condenadas y encarceladas que han cambiado sus declaraciones para incriminar a Drummond y sus ejecutivos, así como para obtener beneficios judiciales y económicos. Pero Drummond encontró evidencias, puestas ya en conocimiento de las autoridades judiciales respectivas en Colombia y Estados Unidos, de pagos realizados a familiares de esos supuestos testigos, así como de ofrecimientos que les han hecho a ellos y a sus abogados en Colombia, por parte de los abogados demandantes en los Estados Unidos, como es el caso de Charris, sobre el cual basa la columnista su opinión.
Por todo lo anterior, acudo a usted, señor Director, con el ánimo de que publique esta carta de respuesta a lo planteado por la columnista.
Atentamente,
José Miguel Linares
Presidente